Ley 80 de 1993

Regular las reglas y principios que dirigen los contratos de las entidades del Estado.

Comprende a la Nación, entidades territoriales (departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas), establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, y sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%, además de organismos como el Congreso, la Fiscalía, ministerios y contralorías, entre otros.

Las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos de los administrados. Por su parte, los particulares colaboran en el logro de dichos fines cumpliendo una función social, con derecho a obtener utilidades.